Este espacio por la memoria, verdad y justicia nos convoca a todos los sectores: ciudadanos, organismos no gubernamentales, sindicatos, asambleas y movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles, partidos políticos. A todos los que creemos que es necesario enfrentar nuestro pasado para la construcción de un presente y futuro que permita empuñar un NUNCA MÁS a las aberrantes violaciones de nuestros derechos fundamentales.
Consideramos que, en el marco de los juicios contra los delitos de lesa humanidad efectuados en el período 1976 – 1983, no nos puede resultar indiferente la causa que involucra a quien en pocos días asumirá como concejal. Ello nos ha permitido, aún reconociendo las diferencias ideológicas, que apostemos a conformar un ámbito de reflexión y trabajo destinado a revelar y concientizar a la sociedad sanlorencina sobre la historia de la represión en la región.
En consecuencia, advertimos que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el auto de procesamiento al concejal Pedro Rodriguez como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos en el caso “Manuel Casado y otros”. Sin embargo, el mismo ha resultado electo al cargo de concejal en las elecciones de septiembre pasado. Apreciable paradoja de estos tiempos el ingreso por vía institucional de quien fue partícipe de la más sangrienta de las dictaduras. Ello nos sumerge en una profunda preocupación, que se funda como la problemática motivadora de ciertos interrogantes.
¿Qué nos dejó el terrorismo de estado?, ¿aprendimos de nuestra historia?, ¿la conocemos, ignoramos o negamos?, ¿Qué continúa postergando la democracia?, ¿Qué democracia queremos?, ¿Cuál es nuestro desafío?
Entre marzo y junio de 1976, Cervera era intendente de facto de San Lorenzo mientras Rodríguez era director de Asuntos Jurídicos de la municipalidad. A partir de los testimonios recolectados en el proceso judicial, se ha ratificado una responsabilidad trascendente del mismo en el plan represivo.
El terrorismo de Estado en Argentina y América latina fue el puntapié inicial para instalar un modelo económico perverso cuyo fin fue el vaciamiento del Estado, generando una maquinaria de producir exclusión y concentrar riquezas en pocas manos. Ello, a través de una sistemática violencia institucionalizada que no sólo se concretó en los abominables crímenes contra hombres y mujeres que pretendían transformar la realidad social sino que fue extensivo a nuestros días.
El vacío de una generación combativa, pensante y coherente propagó el miedo al compromiso. Las políticas neoliberales profundizadas en democracia continuaron el camino emprendido aportando desconocimiento, saberes precarios y negación de la propia historia. Se acentuaron la no participación, la queja individual, el negocio y la especulación. Todo ello importa la más evidente manifestación de una sociedad rehén de los grupos económicos concentrados que impartieron la matriz de un modelo que insiste en fomentar el saqueo, el silencio y la desaparición.
Hoy, las obsoletas prácticas totalitarias subsisten y se expresan bajo otros ropajes. La ambición desmedida de las corporaciones multinacionales en complicidad con vastos sectores del poder público continúa el estratégico plan de desaparición. De este modo, nos encontramos con quienes perdieron hijos, padres, hermanos, amigos debido a la contaminación ambiental generadora de cáncer, a la falta de control por parte de las autoridades respecto de las medidas de seguridad de los trabajadores, a la emergencia sanitaria de una salud pública ultrajada y un monopolio privado impune, a los niños prostituidos y traficados, a la mercancía de la droga y sus redes, a la represión de la protesta social, a la indignante desnutrición.
En ese contexto de crisis social, varios sectores de la sociedad vociferan desesperadamente regresar a los oscuros tiempos de botas y tanques en las calles, exclamando seguridad, mano dura, tolerancia cero. Suplican otorgarle más poder sin control a quien ya lo posee, deseosos de retomar su añorada “reorganización nacional”. Desconsiderando las circunstancias cotidianas donde las fuerzas de seguridad suelen practicar falsos enfrentamientos, torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, abuso de armas, gatillo fácil, etc. Apostando por una criminalización selectiva que recae sobre la población más vulnerable y garantiza el orden de los más fuertes.
Pasaron 26 años desde la recuperación de la democracia. Existen varias deudas pendientes. Si bien podemos celebrar los procesos judiciales a los responsables de esta dictadura, la flamante ley provincial que impide la postulación a cargos electivos de quienes se hallen procesados o condenados por estos crímenes, debemos tener en cuenta que la obligación que nos subsume a todos los sectores es afianzar una democracia basada en la memoria. De esta manera, nosotros como sujetos sociales, recuperaremos los lugares de quienes fueron silenciados. Colmaremos con presencias, no permitiremos el olvido y honraremos su lucha denunciando con nuestra voz las actuales injusticias.
“ESPACIO POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA”
